La Prueba Ilícita Y Su Exclusión En El Sistema De Justicia Penal

Cuando hablamos de prueba penal necesariamente nos referimos a un conflicto entre partes hecho litigio, con motivo de la probable comisión de un delito. el cual se somete al análisis del órgano jurisdiccional que, derivado de la exposición de las partes, inicialmente permite que aquél tenga una versión aparente de los hechos que eventualmente deberá ser llevada a un estado de convicción que subsumirá la apariencia de lo expuesto, en una realidad objetiva y verosímil; en ese camino por demás complejo del juzgador, surge la necesidad de la prueba.

Entonces, el íter procesal del aspecto probatorio cobra relevancia, ya que el juez, mediante mecanismos legales previamente establecidos, deberá cerciorarse y, más aún, convencerse de los hechos discutidos y discutibles de las partes, que lo llevarán a emitir su resolución con base en ese convencimiento obtenido a través de la actividad probatoria.

Debe entonces, destacarse que para que exista un conflicto de las partes hecho litigio necesariamente le deben preceder hechos, los cuales serán el objeto de la prueba, ya que indiscutiblemente la veracidad o el convencimiento al que llegue el juzgador como consecuencia del íter procesal de la prueba tendrá como base determinados sucesos acontecidos en el pasado, que al ser puestos a su discernimiento, lo conducirán a una única convicción de esos eventos que serán la materia prima de su resolución, todo ello a través de juicios lógicos, razonables y objetivos.

Esa labor, extraordinariamente compleja, no debe concebirse como un logro a cargo del juzgador como búsqueda de la verdad histórica, la cual, precisamente por su naturaleza real y exacta, no está al alcance de persona alguna, pues de ser así, la ciencia del derecho entraría al terreno de las ciencias absolutas, no permisible para algo que se obtiene de un debate probatorio; más bien, estas apariencias planteadas subsumidas en una única versión objetiva y verosímil a la que llegará el juzgador no son más que la aplicación de la norma jurídica a un caso concreto a través del convencimiento probatorio.

Los hechos calificados por la ley como delito, que son el objeto de la prueba penal, ya en el sistema acusatorio, se rigen por los principios de libertad probatoria y de investigación, pero ésta ya no es sólo oficial, sino además particular, al conferirle esa propia facultad no solamente al Ministerio Público, sino además a la víctima u ofendido (por sí o a través de su asesor jurídico) e incluso al imputado (por sí o a través de su defensa); por ello, la prueba penal como instrumento de acreditación de los hechos y de la investigación en sí misma, ya no es propia y exclusiva del Estado, sino también de las demás sujetos procesales que buscarán demostrar su teoría del caso.

la actividad probatoria en materia penal busca producir en el ánimo del juzgador una convicción que le permita sustentar su resolución basado en un convencimiento ya no matemático o puramente científico, sino psicológico, con respecto a aquello que le fue planteado a través de la teoría del caso de los sujetos procesales. Claro está que enunciarse un concepto psicológico de convencimiento del juzgador no significa que no estemos ante una certeza objetiva, más bien se asume que el órgano jurisdiccional tenga evidencia propia de que su decisión fue tomada de manera reflexiva y apriorística.

Lla prueba en materia penal se trata de un instrumento utilizado por las partes procesales (todas) para proporcionar al órgano jurisdiccional información de lo acontecido; constituye, así, un instrumento de conocimiento que ofrece informaciones relativas a los hechos que deben ser determinados en proceso, de esa manera, cobra especial relevancia que el juez, como órgano receptor de la prueba, no tiene encomendada la tarea de establecer la verdad de los hechos, habida cuenta de que se trata de un árbitro pasivo en el debate de los sujetos procesales, con la única función de tutelar derechos fundamentales y, derivado de esa tarea específica, no le puede ser encomendado investigar lo que históricamente ocurrió, por lo que esa función, en esencia, corresponde a las partes, quienes mediante la actividad probatoria deberán influir en el juzgador a través de métodos cognoscitivos y persuasivos, a fin de ver culminadas exitosamente sus pretensiones procesales.

Por ello, la prueba en el sistema penal acusatorio no sólo es un instrumento utilizado por las partes para trasladar información al juzgador, sino que además busca influir (de manera cognoscitiva e incluso persuasiva) en el ánimo de aquél. De esa manera, no podemos claramente afirmar que el sujeto procesal busca llegar a la verdad material, ya que ésta incluso podría representar una posición antagónica a su teoría del caso, de ahí que tal parte procesal no va a buscar esclarecer la verdad real e infalible, sino su verdad, o más puntualmente dicho: su versión de los hechos, la cual incluso podría verse afectada si, en el ejemplo de la defensa, se advierten pruebas que le son desfavorables y, como consecuencia de ello, se opta por no descubrirlas a la contraparte en la etapa intermedia y, por ende, no llevarlas a juicio. Bajo esa óptica, se tienen dos vertientes importantes: primero, los sujetos procesales no necesariamente van a tratar de descubrir la verdad material al aportar pruebas y, segundo, el órgano jurisdiccional no puede, bajo su función de árbitro pasivo en la contienda, tratar de descubrir la verdad material mediante una función activa, pues evidentemente las diligencias para mejor proveer y todo lo concerniente a ellas desaparecen en el sistema penal acusatorio; de ahí, entonces, que el hecho de que el legislador mexicano, al dar vigencia al Código Nacional de Procedimientos Penales, contemplara el esclarecimiento de los hechos como finalidad del sistema penal acusatorio.